ESE ESPERPENTO

Ellos, esos españoles orgullosísimos de sus fuerzas de seguridad y de que vinieran a Catalunya a apalear a nuestras abuelas, madres e hijos que, por todo crimen, querían meter un papelito en una urna, regalan a esas fuerzas de seguridad un fin de semana en sus hoteles. Mientras, aquí, los catalanes, regalan un fin de semana en los hoteles del pirineo catalán, a los ciudadanos de Murcia que fueron apaleados por esas mismas fuerzas de seguridad del estado español, por protestar por esa infamia de muro que divide la ciudad para que pase el AVE sin encarecer el coste con un paso subterráneo por la ciudad. Naturalmente que unos y otros, en el trasfondo de tan generosa oferta, pueden esconder intereses mercantilistas, de propaganda gratis, etc. Eso no es óbice para que no existan sustanciales diferencias de fondo entre unos y otros. Tampoco se pone en cuestión, yo al menos no lo hago, quienes son mejores o peores; lo que es evidente e incontestable es que los catalanes somos diferentes. Cuando menos parecemos más solidarios con los sufrientes que con los apaleadores. Por otro lado, los jueces justicieros como existir, existen como existen las chinches y la peste, la miel de abeja y la mojama, se toman la justicia por su mano y tenemos en Catalunya a un juez que, de por libre, a su puta bola, ha abierto un sumario para acusar a unos cuantos de rebelión, creando así un sumario paralelo al que siguen en la Audiencia Nacional y el TC, sin que ese juez ni siquiera tenga competencias para acusar a nadie de rebelión, delito que es de la competencia del citado Tribunal de Orden Publico, quisir: la Audiencia Nasioná y el Tribunal Inconstitucional. En ningún caso un juez provincial de lo Penal. Todo ello lo vivimos en Catalunya a diario, aderezado de una cantidad ingente de sumarios abiertos por delitos de odio, incluso hacia colectivos fuera del marco legal establecido para ser consideradas como víctimas de delitos de odio, por ejemplo las fuerzas de seguridad. Toda esta serie de tropelías judiciales, más las propias de la Lamela y el Llarena, tendrán su cumplida respuesta en los tribunales internacionales, como es obvio; y no le va a salir gratis al bolsillo, tanto del españolito que vociferaba aquel a por ellos, como el que no. Son tan obvias las irregularidades procedimentales, que han llevado al President del Parlament de Catalunya a anunciar su voluntad de interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos, pidiéndole una serie de medidas cautelares que, personalmente, no creo que dicho tribunal adopte, al tratarse de un caso tan excepcional y estar, como está el proceso aun sud judice. Esta iniciativa de Roger Torrent ha provocado una exacerbada reacción en las filas del PDeCAT, que ha criticado la unilateralidad de la medida sin contar con ellos, una unilateralidad que, dicho sea de paso, ha aplicado sin titubeos el propio PDeCAT a la hora de imponer al President del Parlament la vía de la investidura telemática y/o delegada, con las consiguientes consecuencias penales que tendría para los miembros de la Mesa y demás diputados, funcionarios y ujieres que investigase el Llarena. Esto, como es natural, hay que enmarcarlo en las batallitas que mantiene la Esquerra de Junqueras con los afines a Puigdemont en el PDeCAT, por la hegemonía del independentismo. Flaco favor que le hacen unos y otros a la causa en la actual tesitura y que despierta no poca repulsa ciudadana, que considera decepcionante esta demostración de no estar a la altura y no tener claras las prioridades de esa ciudanía, que les ha votado con un mandato claro y cristalino. Lo que me retrotrae a lo que yo mismo escribí aquí hace unos 8 años: que los únicos capaces de cargarse el proceso independentista, por su afán de protagonismo y/o notoriedad, eran nuestros propios políticos catalanes si no asimilaban que ellos no eran más que la herramienta para la obtención del fin propuesto. Dicho lo cual reclamo mi dosis de morfina, porque estoy que no me hayo nene, no me hayo.

                                                                                   

La ex diputada de la CUP Mireia Boya, días antes de su comparecencia ante el juez Llarena ya proclamaba en las emisoras de radio, en la tele y en la prensa escrita, lo que le iba a decir al juez: que de DUI simbólica nada de nada, que lo que fue la DUI es ineficaz, pero en ningún caso simbólica, que ella y sus compañeros se presentaron a unas elecciones con un programa político determinado, pacífico y democrático en tanto que nadie lo impugno, denunció ni demostró su ilegalidad, y que por tanto no tenía nada de lo que arrepentirse ni desdecirse. Días antes de su comparecencia, algunos periodistas, analistas y tertulianos de las Españas mucho y muy españolas, se afanaban en convencer a la opinión de que, esa, ya veríamos cuanto le duraría la valentía delante del juez, y otras frases semejantes. El fiscal Melgar, también se ha manifestado recientemente en el sentido de rebajar tensiones, quizá porque ha visto tantas irregularidades que quiere curarse en salud por lo que pudiera resultar mañana de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos Europeos, por lo que no pidió ninguna clase de medidas cautelares contra la ex diputada de la CUP, que con un par de ovarios dijo a las cámaras lo que le iba a decir al juez y tuvo el valor de decírselo en su cara: que todo aquello era un juicio político y que los únicos que habían actuado violentamente en Catalunya fueron las fuerzas de seguridad del estado español, como por otro lado todo el orbe pudo comprobar, llegando a titular la CNN aquel 1 de Octubre como la vergüenza europea por la acción de la Policía Nacional y la Guardia Civil; o de cómo Llarena está alargando tan excesiva como injustamente la prisión para los políticos catalanes y además manteniéndolos alejados de su comunidad, como a unos terroristas de ETA que, de tanto presumir que se ha acabado con ella, no sé a santo ni a cuento de qué siguen desperdigados por las Españas sus presos. Imagino que tampoco os habrán informado las cadenas de televisión, radio y prensa escrita, como les robaron los móviles a dos de los abogados de los presos políticos catalanes. Recientemente hemos sabido que el pasado 29 de diciembre, acudieron a visitar a su defendido los abogados de Jordi Sánchez en Soto del Real. A la entrada, y como es preceptivo, las visitas deben dejar sus pertenencias prohibidas dentro del recinto, en unas taquillas al efecto como las que encontramos en el Carrefour o Mercadona. A la salida, se encontraron con su taquilla reventada, la única forzada, y sin los móviles. Y no creo que los presos comunes lleguen tan lejos en el recinto, prácticamente es en la misma entrada a prisión, a no ser que sea de los que denominan como presos de confianza. La dirección del centro se limitó a pedir disculpas por lo sucedido y aquí paz y después gloria. Otro que anda compungido es el delegado del gobierno Enric Millo, girones de nacimiento y que ya ha manifestado en múltiples ocasiones que está deseando que se acabe el 155 porque aunque no lo diga habrá renegado hasta en arameo de Moncloa, porque cuando se acabe todo esto, él seguirá viviendo en Catalunya, solo que ahora, desde el último pleno del ayuntamiento de Girona, vivirá siendo considerado en su propio municipio persona non grata. Un pleno municipal bien aprovechado por cierto, ya que en la misma sesión se acordó cambiar el nombre de la Plaza de la Constitución por el de Plaza 1 de Octubre, no sea que cualquier día alguien proclame desde Moncloa que el 1-0 nunca existió.

                                                                                 

Estamos sí, estamos muy lejos de ver el fin a este conflicto, entre otras razones porque ahora PP y C´S andan a la gresca y en una guerra por  demostrarnos cuál de los dos partidos es más facha, más retrogrado, intolerante e incendiario. España está en riesgo de ser degradada a democracia "fallida" por la gestión del gobierno de Mariano Rajoy del caso catalán. En el Índice de la Democracia, que cada año elabora el influyente think tank británico The Economist Intelligence Unit (EIU), la calificación de España en 2017 se ha rebajado de 8,30 a 8,08 puntos, al límite entre "democracia plena" e "imperfecta". La rebaja se debe a que el gobierno español "impidió por la fuerza la ilegal consulta sobre la independencia de Catalunya del 1 de octubre y a su tratamiento represivo de los políticos independentistas", según el informe, donde se alerta que esos movimientos del gobierno español (la represión policial del 1-O, la aplicación del 155) han llevado a España a una situación de pérdida de calidad democrática.

Y ahora, con vuestro permiso, me vuelvo a mis dolores, mi morfina y mis cosas. Sigo aquí. Y no pienso moverme de aquí. Tienen que estar muy locas si se creen unas cuanta células locas que van a acabar conmigo, sin más. No me conocen.

A más ver