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sábado, 27 de enero de 2018

GOLPE DE ESTADO A CATALUNYA




Escucho y leo a algunas gentes escandalizadas por la nueva “aventura” que ha emprendido el gobierno de Rajoy, impugnando ante sus amigos de Zumosol del TC la sesión del Parlament de Catalunya, en la que debería nombrarse al 130 President de la Generalitat, una impugnación  que ya el propio Consejo de Estado ha advertido para la que no hay fundamentos jurídicos, en tanto que el candidato propuesto por el President del Parlament, Carles Puigdemont, es un diputado con todos los derechos políticos que cualquier otro diputado. Pero les da igual a la Chuky y compañía, porque además de dar otra nueva muestra del odio y la inquina personal que le tiene a Puigdemont, que la delata el timbre de su voz a cada referencia que hace de él, en el fondo, el verdadero trasfondo de la noticia de este nuevo golpe de estado del gobierno franquista rajoniano, obedece a algo tan clásico, tan antiguo y tan manido como solo son las tácticas de despiste: mientras hablamos de Puig-demonio, o de los registros a las sedes de la ANC y de Ómnium Cultural, no se habla de la Gürtel, ni de ese presidente del TC que falsea su curriculum, ni de esa jueza retrograda y homofóbica, María Elósegui, cómo no, otra perla del Opus, que ha sido finalmente propuesta por el gobierno para jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez comprobado la clase de embustero que ha resultado ser el tal Pérez de los Cobos ese. No es de ahora que esta gentuza del gobierno de Moncloa haya perdido el norte: es que nunca lo tuvieron. Nunca tuvo Rajoy un proyecto político y social para España, tan solo se ha limitado a gestionar el día a día de la agenda de un presidente del gobierno, escaqueándose todo lo posible y teniendo como único propósito perdurar por encima de cualquier otra cosa, no desgastarse políticamente, quemar a sus allegados y mantenerse en la poltrona, aunque caigan chuscos de punta. Rajoy es lo más malo y nocivo que le ha ocurrido a España en mucho tiempo, y algo que vamos a tardar mucho en superar, porque la involución democrática llevada a cabo por este individuo, el empobrecimiento de la población a la que ha sometido a esta, todo ese entramado mafioso de corrupción que le tiene a él, personalmente, sentado en la cabecera de la mesa, y la fractura social que ha provocado este mamarracho con el tema Catalunya, no se recompone así como así; máxime viendo, como estamos viendo, que la cobarde y traidora actitud de la oposición socialista le secunda en todo ese proceso involucionista como buen perrito faldero, que no quiere perderse las migajas del pastel que le puedan caer si menea la colita. No son demócratas; son otra cosa menos eso. Son las sanguijuelas nacidas, amamantadas y bien mantenidas por el Régimen del 78, régimen que defienden a toda costa aunque sea a base de involución democrática, de pérdidas de derechos de la ciudadanía o inclusive de pasarse las leyes por el forro, mientras tengan en nomina leguleyos que se las “afinan” a medida del pagador. Ayer Javier Pérez Royo, ese paisano que tengo Catedrático de Derecho Constitucional, que sostiene que el recurso al Estatut Catalán fue un golpe de estado a esta autonomía, se preguntaba, después de la comparecencia de la Chuky ante los medios, dónde había estudiado esta chica Derecho. Y yo me pregunto ¿hasta dónde llegará la docilidad de algunos jueces para con este gobierno en el contencioso con Catalunya? Porque esto no es democracia. Si el TC suspende la sesión fijada para el próximo martes 30 a las 15 horas en el Parlament, atendiendo a la impugnación de Ali-Baba y sus ladrones, dejará en un limbo legal al President del Parlament, ya que esta situación no está prevista en ninguna ley, y lo deja entre la espada y la pared, ya que si no obedece la resolución del TC y celebra la sesión podrían derivarse actuaciones penales contra él; pero obedecerla implica incumplir los plazos y condiciones que establecen el Estatut, la ley de la Presidencia de la Generalitat y el reglamento de la cámara para una investidura. En lo que resuelva el TC, deberá aclarar en qué condiciones se suspende esa sesión, cómo quedarían los plazos para la presentación de una nueva candidatura, o si esta nueva candidatura queda en suspenso hasta que el TC resuelva la impugnación sobre la candidatura de Puigdemont. De no aclararlo el TC en primera instancia, si el President del Parlament de Catalunya propusiera otro candidato, podría incurrir en prevaricación o en cualquier caso no estaría cumpliendo con sus obligaciones. Pero es que, de aclararlo por parte del TC lo que se ha de hacer en lo tocante a plazos y nuevas candidaturas, estaría cometiendo el TC injerencias en el poder legislativo, violando así la separación de poderes. Imagino que en Moncloa pensaran que ya no nos viene de aquí.
                                                                                  

Hoy se cumplen 3 meses de la proclamación de la república en Catalunya y hoy, justamente, el Tribunal Constitucional, si como todo el mundo dice en unas horas admitirá a trámite la impugnación de marras, se diga lo que se diga estará cambiando la naturaleza del régimen político de España e interfiriendo en el poder legislativo, estará oficializando un golpe de estado sobre el resultado de unas elecciones democráticas. Y estará diciendo que, a partir de ahora, el gobierno central podrá impugnar los nombramientos de todos los presidentes autonómicos que les venga en gana, porque habrá abierto jurisprudencia y sentado precedente. Llevo horas y más horas leyendo y escuchando a catedráticos de derecho constitucional debatiendo sobre la impugnación y su admisión a trámite y están escandalizados, sorprendidos, perplejos y alarmados de la deriva de las cosas. Para poner un punto más de aclaración sobre las aguas en las que nos movemos, el ex ministro socialista Pérez Rubalcaba, a día de hoy un particular, decía ayer sentado en la misma silla en la que se sentó hace unos días Rajoy y en la misma emisora de radio, que el estado pagará el precio que tenga que pagar porque Puigdemont no sea envestido President del Govern de la Generalitat. Solo pueden interpretarse esas palabras como que el estado está dispuesto a llevar la involución democrática a donde sea, dando la imagen que sea, porque sea como sea lo que hay que evitar a toda costa es que el rey firme ese nombramiento, que es el último trámite antes de que Puigdemont tome posesión oficial de su cargo. En la maldita hemeroteca a poco que os molestéis, podréis encontrar declaraciones de Albertito Rivera, de la Chuky o del ministro Fernández de Vigo en los meses de octubre, noviembre y diciembre pasados, conminando al señor Puigdemont a presentarse a unas elecciones para ver que respaldo tenía su disparatada república catalana. Bien, pues el hombre se presentó a las elecciones que decidieron desde Moncloa, organizó y supervisó Moncloa, y perdió Moncloa estrepitosamente volviendo a ser candidato a la presidencia de la Generalitat el señor Puigdemont. Durante todo ese tiempo y ese proceso legal y político, nadie impugnó como candidato en las listas electorales al señor Puigdemont. Ahora, que se temen que acabe presentándose personalmente en el Parlament y siendo envestido President, pretenden ni más ni menos que dejar sin efecto el resultado de unas elecciones que convocaron ellos y que configuraron un Parlament con la mayoría absoluta de los independentistas, que han osado volver a presentar a Puigdemont como President del Govern de la Generalitat. Y a esto, a todo esto, llamarlo democracia. Pero democracia a la española, claro, la que no tiene par ni semejanza en el mundo. El argumento de que tiene una orden de detención en España está muy bien; pero en ningún caso le inhabilita para ejercer sus derechos políticos porque no ha sido condenado ni privado de esos derechos de representación política. Además de que quien detuviera a Puigdemont, por ejemplo, en la frontera, estará violando el art. 500 del Código Penal: La autoridad o funcionario público que detuviere a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma fuera de los supuestos o sin los requisitos establecidos por la legislación vigente incurrirá, según los casos, en las penas previstas en este Código, impuestas en su mitad superior, y además en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años.

Esa es la impunidad de la que goza cualquier diputado, que no puede ser detenido a menos que esté cometiendo en ese momento un delito flagrante; y algo de lo que deberían informar bien a los miembros de las fuerzas del orden, no sea que un día se encuentren con una querella si llevaran a cabo la detención. Así que estaremos atentos a los aconteceres de este fin de semana, no sea que el Madrid se nos ponga a 22 puntos del Barça y quiera impugnar también Rajoy la liga. Deeeeespacito…💃 efectos retroactivos del verano, como ahora estamos en la ola de la retroactividad… 
                                                                                 

Salud y República!

A más ver


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